OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO ADUANERO

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

 Por Manuel Jacho Chávez
 
Abogado egresado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Diplomado Superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la Universidad de Guayaquil. Curso de Postgrado en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Curso de Postgrado en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Asesor en Derecho Aduanero, con 10 años de experiencia. Ex Coordinador General de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Profesor de Legislación Aduanera de la Universidad Casa Grande de Guayaquil.

 

Durante tres décadas la sociedad ecuatoriana observó pasivamente cómo el servicio aduanero, lejos de ser un eficiente y ágil servicio público, constituyó una “hacienda” de los gobiernos de turno, legítimos e ilegítimos, que garantizaba ingentes sumas dinerarias para quienes participaban en las “líneas” armadas en los diferentes distritos del país que “controlaban” el ingreso ilícito de mercancías, con la anuencia cómplice de las administraciones responsables de evitar los ilícitos, en detrimento del erario nacional.

 

Como consecuencia de este mecanismo perverso institucionalizado en las aduanas del país, los procesos aduaneros permanecieron inertes por ese mismo periodo, pues al final del día la corruptela era lo que imperaba.

El 2007 marca el inicio de un periodo de cambios estructurales en los procesos aduaneros. A pesar de que existía la voluntad de ejecutar los cambios necesarios para transparentar y transformar este servicio público, esta voluntad chocaba frontalmente con la rigidez de los procesos aduaneros que marcaba la Ley Orgánica de Aduanas. Dicha norma pecaba de ser excesivamente procedimental, lo que detenía cualquier cambio sustancial o de fondo de paradigmas establecidos.

Sin embargo, a pesar de las dificultades de orden legal, se hicieron cambios importantes como la implementación del aforo automático, mejoramiento del despacho anticipado, reestructuración del sistema de perfiles de riesgo, eliminación de las reglas fijas predeterminadas para la aplicación del canal de aforo físico, eliminación de la verificación en origen como requisito obligatorio previo al embarque de la mercancía y eliminación del visto bueno del Banco Central dentro del proceso aduanero.

Los cambios alcanzados hasta ese momento sirvieron para reducir ostensiblemente los tiempos de despacho de las mercancías, esto es, el tiempo de demora de la salida de las mercancías desde las zonas primarias aduaneras del país, contado a partir de la llegada del medio de transporte al punto de control aduanero, estableciéndose dicho promedio en 7 días contados desde el arribo de la mercancías hasta su salida del Distrito respectivo. A pesar de ello, dicho promedio resultaba por demás distante de los estándares internacionales que oscilan entre horas o máximo uno o dos días de demora.

Ante este escenario, la única forma de poder cambiar realmente las estructuras mismas del proceso aduanero dejando las taras administrativas de la década del setenta atrás que seguían ejecutándose en pleno siglo XXI, sólo quedaba como alternativa cambiar la Ley Orgánica de Aduanas.

A partir de la decisión de la administración pública tributaria aduanera actual durante el primer semestre del 2008, comenzó un proceso de discusión interna, de más de 14 meses dentro de la extinta Corporación Aduanera Ecuatoriana, para generar un texto base sobre el cual discutir una nueva propuesta.

Esto dio como resultado un anteproyecto que recogía una nueva normativa tendente a crear en el país un entorno acorde a las buenas prácticas internacionales de las operaciones de comercio exterior, reconocidas por la Organización Mundial de Aduanas. Este anteproyecto fue socializado durante aproximadamente un año con los diversos sectores que participan en todo el proceso aduanero.

Se podría afirmar que cerca del 90% de las observaciones del sector privado fueron recogidas e incorporadas en el anteproyecto. Sin embargo, un punto en el cual no existió consenso público-privado, o éste fue parcial, fue en el nuevo régimen sancionatorio. Dicho anteproyecto aumentaba ostensiblemente los montos de las multas, además que establecía nuevos tipos para las conductas infraccionarias, las cuales fueron rechazadas totalmente por los usuarios del servicio aduanero bajo la argumentación de que las mismas resultaban muy generales, imprecisas y desproporcionadas dentro del día a día del comercio exterior.

Superada la etapa de socialización, el texto pasó a conocimiento y análisis del Ejecutivo que, modificando ciertos aspectos propios de un análisis a ese nivel, remitió a la Asamblea Nacional el texto incluido dentro del Proyecto de Ley del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, con el carácter de Urgente en materia económica.

Superada la discusión legislativa correspondiente, se aprobó el texto el cual fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial 351 del 29 de diciembre de 2010, y es así que la normativa aduanera está recogida en el Libro V De la Facilitación Aduanera del Código antes referido.

Es ese conjunto de disposiciones legales, el que da génesis a los cimientos de un nuevo orden en lo concerniente a las aduanas de la República del Ecuador, pues en él se estatuye una normativa aduanera flexible, dinámica y soportada sobre la base de un sistema informático que simplifique y garantice la agilidad en los procesos aduaneros que aseguren la cadena logística, sustentado en principios fundamentales como: La facilitación al comercio exterior, el control aduanero y  la buena fe en los procedimientos administrativos.

Principales modificaciones 

Sin entrar a analizar exhaustivamente todos los cambios incluidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, señalaremos algunos de los más importantes:

 

–       Las declaraciones aduaneras podrán ser objeto de correcciones durante el control concurrente, así como durante el control posterior, lo cual antes estaba prohibido de manera expresa.

–       Toda normativa relativa a la declaración aduanera queda a desarrollo del reglamento a Libro V del COPCI, así como todo lo relacionado a las operaciones aduaneras, aspectos dinámicos y mutables en el tiempo dentro de las prácticas aduaneras a nivel mundial.

–       Todos los regímenes aduaneros se ajustan y concuerdan con la normativa internacional recogida en la Decisión 671 de la Comunidad Andina, vigente en el Ecuador desde el 1 de junio de 2010.

–       Respecto de las mercancías que tengan la condición de abandono aduanero, si el mismo no es subsanado dentro del término de ley, serán objeto únicamente de subasta o adjudicación gratuita. Se eliminó la venta directa como un procedimiento dentro de este proceso.

–       El delito aduanero puede ser de dos clases: Defraudación o contrabando, estableciéndose para ello mínimos cuantitativos a base de salarios básicos unificados relacionados con el valor de las mercancías. Si ante alguna de las conductas tipificadas como tal, el monto de las mercancías no alcanzare los mínimos antes referidos, dichas conductas serían sancionadas como contravención administrativa.

–       Se establecieron nuevas conductas contravencionales y de faltas reglamentarias, así como nuevos montos.

 

La realidad aduanera tiene una oportunidad para cambiar, está en los usuarios del servicio aduanero así como en los servidores públicos, alcanzar ese cambio tan deseado y que parecía, hasta hace poco, sólo una quimera.

 

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