NARCOTRÁFICO: ¿DELITO POLÍTICO?

Entregado: 20-04-2015 / Aprobado: 30-04-2015

 

Por Andrea Piedra y Andrea Mazzini

Andrea Piedra: 20 años. Estudiante de 3er año de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tiene nivel B1 en Francés y nivel avanzado en inglés. Asistió a la Cupre 2014.

Andrea Mazzini: 21 años. Estudiante de 3er año de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Asistió al Modelo de la ONU en el año 2013 en Washington DC y actualmente es violinista integrante de la Orquesta de Cámara del Museo Municipal. 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, planteó el 3 de diciembre del 2014 la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado un delito conexo al delito político. Esta discusión ha generado controversia dentro y fuera de Colombia, por lo que involucra al Proceso de Paz entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dadoque uno de los temas a negociar es la aplicación de la justicia para los miembros de la organización.

Santos mencionó que “la discusión sobre la ampliación de los delitos conexos a los delitos políticos se circunscribe específicamente a que se tenga en cuenta cuando los miembros de las FARC quieran participar en política. A eso se restringe, y de eso se trata esta discusión”.

Para poder entender esta opción propuesta por el presidente Santos, se debe tener presente que un delito político es el que “tiende a quebrantar, por derechos ilícitos, el orden jurídico y social establecido, atentando contra la seguridad del Estado”. (Cabanellas, 1979) A partir de esta premisa surge la duda del por qué se desea cambiar la ley colombiana si el narcotráfico ya es un delito penalizado en Latinoamérica y muchos otros países a nivel mundial.

El objetivo que se persigue al realizar este cambio en el Código Penal de Colombia es que se prohíba a los miembros de las FARC, o cualquier persona vinculada directa o indirectamente con el narcotráfico, la participación activa en el campo político de su país. Pero el verdadero problema no es el cambio de estatuto, sino las leyes que no se han tomado en cuenta al momento de plantear que el narcotráfico sea conexo al delito político.

A pesar de que este cambio fue propuesto por el Presidente Santos, la declaración del Martes 9 de Diciembre del 2014 pone en duda el verdadero sentido de esta restructuración del Código Penal colombiano: “Nunca aceptaré el narcotráfico como un delito político, pero la utilización de los recursos del narcotráfico que ha hecho la guerrilla para hacer su trabajo de rebelión, de alguna forma tiene que ser reconocido en la justicia transicional para efectos de participación en política”(Santos, 2014).Con respecto al tema de la amnistía, el Presidente Santos comentó que no se puede prometer impunidad total debido a que más de 60 años de terrorismo no pueden olvidarse.

Entonces, ¿el propósito es simplemente vetar a personas relacionadas con el narcotráfico de la vida política? En ese caso, ya existe el artículo 122 de la Constitución de Colombia donde se recalca que “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.”

Por lo tanto, si ya existe una ley que prohíbe la participación política de las personas vinculadas directa o indirectamente con el narcotráfico ¿cuál es la confusión del caso? El problema es la contradicción que existe entre el Código Penal de Colombia y el Marco Legal para la Paz creado en año 2012 en el cual se establecieron los instrumentos jurídicos de justicia transicional para poder empezar las negociaciones con las FARC. Este marco jurídico les otorga inmunidad para efectos de la negociación lo que se contradice con el artículo 122 de la Constitución colombiana y lo que ha levantado críticas de diversos personajes de la política nacional.

El cambio de legislación y la exitosa negociación dentro del Proceso de Paz podría traer beneficios a los ciudadanos colombianos como la disminución del gasto público debido a que sería menor la guerra contra el narcotráfico, participación limpia y más igualitaria en cuestiones de presupuesto para campañas políticas a razón de que nadie tendría cuantiosas cantidades de dinero de procedencia ilegal, información valiosa proporcionada por los miembros de grupos subversivos que podría ayudar a continuar la lucha contra el narcotráfico. Además, millones de desplazados y refugiados tendrían la posibilidad de volver a sus lugares de origen dejando atrás el terrible impacto que causó en ellos la guerrilla.

Finalmente, lo importante es que al terminar el proceso de paz y la vigencia del Marco Legal para la Paz todo se resuma en la simple aplicación de la ley para sancionar a personas que han cometido crímenes. Lo primordial será esperar a saber si realmente las negociaciones y cambios de leyes logran los resultados esperados en Colombia.

Bibliografía

  • Cabanellas, G. (1974). Diccionario Jurídico.Heliasta.
  • Colombia, Vallejo, M. A., & Salazar, J. A. R. (1997). Código penal y de procedimiento penal. Editorial Leyer.
  • Constitución de la República de Colombia (2012). Colombia.
  • Escrito ganador del Caso práctico IV de la carrera de Ciencias Políticas.

 

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